El Gobierno se ve imposibilitado de crear consenso para la creación del tanto tiempo esperado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), órgano encargado de controlar el contenido de las televisiones y radios, según estipula la nueva Ley de Comunicación Audiovisual. Esto ha causado que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio haya decidido pagar a una empresa privada cinco millones de euros para que lleve a cabo esa tarea. Así, ayer, en Madrid, anunció un concurso para elegir a una compañía que se encargue del “seguimiento, control e inspección” de los contenidos de las televisiones y radios para asegurarse de que cumplen con lo establecido en dicha ley. Por ello, el Gobierno pagará cinco millones de euros.

En el pliego de condiciones del contrato, difundido por Europa Press, el Ministerio reconoce que “debido al volumen del objeto del contrato y a la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos”, la secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, encargada de este control mientras no se cree el CEMA, previsto en la misma ley, “no se halla en condiciones de afrontar tales tareas”. Será una empresa privada la que se asegurará de que se cumplan los horarios de protección a la infancia y el resto de restricciones que el reglamento impone a determinados contenidos como los pornográficos o los de temática esotérica. Además, la compañía elegida por Industria controlará la audiencia de los distintos programas y vigilará que las televisiones cumplen con los servicios de subtitulación, audiodescripción y lenguaje de signos, así como la opción para el usuario de elección del idioma original en producciones extranjeras y las aplicaciones y servicios interactivos que ofrecen.

En otro orden de cosas, y durante el período 2005-2011, el Ministerio de Industria ha mantenido de forma continua las actuaciones sancionadoras en materia audiovisual. Así, en lo que va de año, según datos provisionales del departamento que dirige Miguel Sebastián, se han abierto cinco expedientes a distintas televisiones por vulneraciones de la protección de menores; cuatro, por exceso de publicidad; siete, por publicidad ilícita; y dos, por exceso de interrupciones publicitarias.
En 2010, el ministerio abrió 30 expedientes por vulneraciones de la Ley Audiovisual, que se tradujeron en 98 infracciones a operadores por una cuantía total de 2,4 millones de euros, y esta cifra puede aumentar, ya que todavía hay expedientes en proceso de trámite.