Las telecomunicaciones españolas, a la espera de una nueva legislación

Iñaki Ferreras ©RapidTVNews | 09-12-2011

El Congreso Internacional de Telecomunicaciones (GLOBALCOM), se celebró, el pasado 30 de noviembre, en Madrid, en su 15º edición. El sector se encuentra a la espera de que el nuevo Gobierno aborde la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, una ley que, de no haber sido por el adelanto electoral, estaría ya en marcha. A pesar de ser competidores, representantes de varias compañías, como Telefónica, Orange, Vodafone, Ono, Jazztel, BT Global Services, entre otros, parecen estar bastante de acuerdo en cuáles son las necesidades del sector, necesidades que debe cubrir la nueva legislación.

La redacción de la nueva ley se limitaba a asumir las directivas europeas, por lo que las enmiendas han sumado nuevos temas de vital importancia para el futuro de la Sociedad de la Información.
Una de las peticiones de las telecos es la simplificación de organismos que intervienen en el sector, una idea que incluso comparte la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que estuvo representada en Globalcom en Joaquín Osa, director general de instrucción de la CMT. Osa aseguró que son seis las instituciones que toman parte en telecomunicaciones, cuando todas las funciones deberían concentrarse en una sola. El director también considera que los miembros de la Comisión deben ser independientes, tener sentido común y criterio propio y que rindan cuentas a las Cortes, pero siempre con el foco puesto en el consumidor. Precisamente para garantizar al consumidor el mejor servicio, la CMT debe trabajar en la transparencia del mercado para que el ciudadano esté plenamente informado, así como en la regulación de precios.
Las operadoras son las que sufren esta atomización de instituciones y normas a la hora de realizar los despliegues y las inversiones. Tal y como comentaba Eva Pérez Fernández, de Orange, algunas inversiones regionales, en pequeños y medianos municipios, se encuentran paralizadas por ordenanzas municipales, de manera que es imprescindible una coordinación de normas, en definitiva, seguridad jurídica para poder estrechar la brecha digital y seguir adelante con las inversiones en nuevas redes. De ahí, la importancia de una ley buena que se aplique correctamente, porque casi es más importante la aplicación de la norma que su redacción. Para ello, solicitan que la CMT continúe con su perfil técnico y profesional y que los poderes públicos no pretendan convertirse en empresarios de telecomunicaciones.
Por su parte, Pedro Peña, de Vodafone, aseguraba que es necesario que la CMT mejore su relación con pequeñas empresas y que haya un gran pacto entre la Administración y las operadoras, en el que quede también reflejado el papel que éstas pueden jugar en sectores como la cultura y la formación, según recoge "Cine y Tele".
Siguiendo con el tema de las inversiones, las operadoras también muestran preocupación a la hora de pensar en la financiación del servicio universal, un servicio que entra el vigor el 1 de enero de 2012 y por el que cualquier vivienda de España, independientemente de su ubicación, tendrá derecho a recibir conexión a Internet de un mega. La CMT instó al gobierno el pasado mes de mayo, cuando se aprobó la norma, a que valorara que fuera una entidad pública la que financie el servicio universal. Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión.
Los operadores de telecomunicación consideran que son un sector sobrerregulado y que no sólo tienen que someterse a las normas propias de su sector, por lo que creen importante que las reglas sectoriales prevalezcan sobre las demás.
Otro punto que afecta directamente a las inversiones es la fiscalidad a la que están sometidas las operadoras de telecomunicaciones. Se quejan de la improvisación que sufren con impuestos como, por ejemplo, la tasa para financiar RTVE, una tasa con la que no contaban y que, como muestra, supone 41 millones de euros anuales a Vodafone. Las operadoras han impugnado este gravamen y están a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo con la esperanza de que sea favorable para ellas. Para Pedro Peña, de Vodafone, se trata de un impuesto arbitrario, injusto y ocasional y cree un error que ningún partido político haya incluido en su programa electoral su supresión.
Los operadores de telecomunicación también solicitan que las empresas de Internet, como Google, Apple, Facebook, estén reguladas y tengan obligaciones en la misma medida que ellas.